Abogados Penalistas en Teruel

Delitos de tráfico y seguridad vial

Toda persona que circule con cualquier tipo de vehículo o transite por la vía pública está sujeta a responsabilidad administrativa y penal en caso de no observar y cumplir las normas de circulación vial.

En este sentido, no solo se ofrecen servicios para resolver juicios penales relativos a malas conductas en la circulación vial que pueden conllevar penas de prisión para el infractor (por ejemplo, conducir bajo los efectos de la alcoholemia, la conducción temeraria, etc.), sino también asesoramiento y asistencia en los recursos contra multas de tráfico o multas contra transportistas debidas a la ejecución de su servicio, entre otros.

Este bufete de abogados penalistas también resuelve todo aquello concerniente a los procesos derivados de accidentes de tráfico, ya sea desde la perspectiva de la víctima del mismo o desde la del supuesto causante, sobre todo en lo relativo a las indemnizaciones por los mismos sujetos a responsabilidad civil.

Delitos de violencia de género

La violencia de género es un delito contra las personas y como tal se recoge en el código penal. Es directamente asimilable al delito de violencia doméstica, el que se da en el ámbito familiar, y se diferencia de este porque es el que se lleva a cabo contra la integridad física y moral de la mujer.

Las penas que pueden conseguirse contra el infractor pueden ser las privativas de libertad de seis meses a tres años (teniendo en cuenta que hasta los 24 meses y un día no se ingresa en prisión), sin perjuicio de las penas que correspondan a los actos en concreto por la violencia física o psíquica (según dispone el artículo 153 del Código Penal).

Un abogado penalista tendrá en cuenta la acción típica del maltrato (física o psíquica), así como su habitualidad y los actores que la perpetren.

Respecto a su “habitualidad”, la reforma del nuevo Código Penal recoge la figura del sujeto pasivo del ex cónyuge, por lo que quien haya sido víctima de un acto de esta naturaleza, aunque no conviva con el infractor o su relación con él esté extinguida, puede cursar denuncia y reclamar daños y perjuicios por este delito.

Delitos de violencia doméstica

Es aquella que se da en el ámbito familiar entre cónyuges, abuelos, padres e hijos en cualquiera de las posibles direcciones.

A diferencia de la violencia de género, no es importante que el actor del delito sea masculino y el pasivo sea femenino.

De este modo, puede interpretarse como violencia doméstica aquella ejercida por parte de los hijos contra los progenitores o sus abuelos y a la inversa.

El único requisito será que los dos actores, el activo y el pasivo, convivan en el mismo hogar (algo que en la violencia de género no es requisito indispensable).

Así pues, recomendamos a quien haya sufrido malos tratos o piense que alguno de los miembros de su unidad familiar pueda ser víctima de violencia doméstica que no dude en ponerse en manos de un experto.

La mayoría de veces las denuncias se cursan no por la intimidación de quien se siente víctima de violencia doméstica, sino por desconocimiento de la legitimación que uno tiene de interponer la denuncia correspondiente o de que el acto que se sufre sea constitutivo de delito.

Delitos contra la libertad y la indemnidad sexual

El artículo 179 del Código Penal español aborda los delitos contra las personas de índole sexual.

En este campo se recogen tanto las violaciones como los abusos sexuales y deshonestos.

Entiende la libertad sexual como la facultad de realizar o no prácticas sexuales de cualquier índole y tendencia que manen de la voluntad de las personas y de su consentimiento -y siempre que no afecten a la libertad de terceros-; en base a ello, cualquier forma de intimidación y/o coacción para realizar un acto sexual no deseado está sujeta a responsabilidad penal.

Eso quiere decir que no se necesita haber sido víctima de una violación para recurrir a un abogado.

Quien haya sido víctima de acoso o haya sido forzado/a por una persona a realizar cualquier acto de índole sexual sin su consentimiento expreso, debe acudir a un abogado para hacer valer su derecho a la indemnidad sexual y a reclamar responsabilidades penales.

Debe tenerse en cuenta que no cualquier acto de voyeurismo (que una persona se excite viendo determinadas partes de su cuerpo, por ejemplo en la playa haciendo top less) o de fetichismo (que una persona obligue a otra a entregar determinadas prendas por él consideradas fetiche) no es considerado punible por la vía penal o bien tiene sus especificidades.

La primera práctica no es punible porque para ello ha de mediar contacto físico con el actor de la intimidación, y la segunda práctica, aunque medie intimidación por entregar ciertos objetos cargados de significación sexual, tiene sus especificidades.

Delitos de maltrato animal

Gracias a la reforma del Código Penal de julio de 2015, el maltrato animal cuenta con garantías jurídicas.

En concreto, en el artículo “Delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos” establece penas desde tres meses y un día hasta un año de prisión para todo aquel que maltrate injustificadamente a un animal, causándole lesiones, o lo explote sexualmente (único caso en el que la zoofilia es punible).

Aparte de castigar también con penas privativas de libertad a los autores de su muerte, el código castiga también a quien sea autor de su abandono.

Por lo que en el caso de ser testigo de algún vecino que haya abandonado fehacientemente a su perro o gato pudiendo acreditarse, o bien de presenciar maltratos continuados o desatenciones alimenticias que puedan causar lesiones graves a un animal de compañía, puede contarse con el asesoramiento de un abogado penalista para tramitar la correspondiente denuncia y salvaguardar los derechos de este ser vivo, amparándose en el artículo 337 del capítulo citado.

No obstante, entre las fiestas tradicionales de Teruel están fijadas determinadas fechas eximidas de la aplicación de este artículo.

Delitos contra el patrimonio

En esta sección del Derecho penal se recogen los delitos de hurto, robo y estafa. Se entiende que se ha producido un hurto cuando una persona arrebata a otra persona cualesquiera de las posesiones que tuviera en su haber sin que esta se dé cuenta de ello ni medie intimidación o fuerza.

Se entiende que una persona ha sido víctima de robo cuando se da una acción similar a la anterior pero en este caso mediando una intimidación o forcejeo necesarios para consumar el delito.

Dicho delito puede verse agravado por las circunstancias de escalamiento, rompimiento de una puerta, ventana o pared, fractura de armarios u otros muebles, forzamiento de cerraduras, uso de llaves falsas, etc.

La estafa, por su parte, se encuadra en este tipo de delitos sobre el patrimonio de las personas pero tiene unas especificidades diferentes.

Debido a la casuística de cada delito, las penas pueden agravarse,así como la indemnización a reclamar (puede que un robo se haya producido con agresión, lo que derivaría en un delito de robo con intimidación sumado a otro de lesiones).

Por eso es preceptivo contactar con un abogado que, ateniéndose a las circunstancias de cada caso, asesore sobre las cuantías, los conceptos y las posibilidades de salir exitoso de la contienda judicial.

Delito de coacciones

Obligar a alguien a hacer algo bajo la amenaza de algo es un delito de coacción.

Antes de la reforma del Código Penal, estas infracciones eran consideradas faltas, pero con la nueva reforma pasan a ser delitos leves o graves de coacción.

Un ejemplo típico de coacción es cuando el casero cambia la cerradura de su casa para forzar a pagar facturas o cantidades indebidas.

Lo que debería cursarse por la vía civil para conseguir satisfacer las cantidades exigidas deriva en un delito penal que debe denunciarse ante la jurisdicción competente.

Delitos societarios

Cuando el administrador de una sociedad falsifica sus cuentas anuales u otros documentos con el objetivo de causar a uno de sus integrantes un perjuicio económico y/o social, este último está siendo víctima de un delito societario y por lo tanto está legitimado para interponer la correspondiente demanda por medio de un abogado.

Además, por regla general, este tipo de delitos llevan emparejados otros delitos que un avezado abogado podrá evidenciar en la demanda, como son los de apropiación indebida, de estafa inmobiliaria, etc.

Delito urbanístico

Se trata de delitos contra la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.

Es el caso de cuando algún promotor inmobiliario realiza una construcción no autorizada sobre suelo destinado a zonas verdes de su barrio o que tengan legalmente reconocido un valor paisajístico, histórico o cultural o, simplemente, que su construcción no sea autorizable porque el suelo no sea urbanizable.

Es probable que alguien se sienta impotente ante la inminente construcción de una autopista en su manzana por parte de una gran constructora y que esa situación le genere una sensación de inferioridad al pretender pararle los pies a la entidad.

Lo procedente en este caso, antes incluso de manifestarse, es acudir al asesoramiento de un abogado penalista especialista en Derecho urbanístico para que recabar asesoramiento sobre la viabilidad de la interposición de una demanda.

Delitos contra la propiedad intelectual

Los delitos contra la propiedad intelectual vulneran los derechos de autor mediante la figura del plagio de obras de todo tipo, ya sea en el ramo de la literatura, la pintura, la música, la ciencia, la fotografía, la invención, etc.

Si alguien cree que le han usurpado su obra o que se han atribuido la autoría de la misma, puede ponerse en manos de los abogados especialistas en materia de Derecho intelectual.

Puede que se desconozca si realmente si es constitutiva de delito la copia parcial de su obra, aunque se cambie su estructura o índice (en el caso de un libro), o qué limites tiene el plagio como para justificar la interposición o no de la correspondiente demanda.

Delitos informáticos

Este ámbito abarca un gran espectro de delitos, desde los que atentan contra derechos individuales, tales como el derecho a la propiedad intelectual, la integridad personal o la propia imagen, hasta los que constituyen delitos graves como los relativos a la pornografía infantil, la estafa y el fraude.

Con el advenimiento de la globalización y las nuevas tecnologías e internet, los delitos informáticos no han hecho más que seguir la estela de las nuevas tecnologías:

Delitos como las estafas perpetradas por hackers informáticos que capturan los códigos encriptados de las tarjetas de crédito; pedófilos que coaccionan a menores para obtener fotografías comprometidas y difundirlas por la red; ciberacosadores que atentan contra la indemnidad y libertad sexuales de las personas particularmente vulnerables; usurpaciones de identidad por apropiación indebida de datos personales…

Todo un crisol de delitos que convergen bajo el paraguas de la Red ante los que la mayoría se siente indefensa porque no sabe que pueden ser perseguidos, enjuiciados y penados.

Por ello, ante la posibilidad de estar siendo víctima de algún delito informático, no debe dudarse en pedir asesoramiento a un abogado especializado en la materia.

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